Fotografía y drones — Irlanda

Ninguna ley irlandesa que hayamos verificado exige un permiso para fotografiar de forma ordinaria en lugares públicos; el riesgo penal real está en los objetivos militares y de seguridad del Estado. Conforme a la Official Secrets Act 1963, el término sketch (croquis) incluye expresamente una fotografía o cualquier otro modo de representar un lugar o una cosa, y el artículo 9 tipifica obtener, registrar, comunicar, publicar o poseer —de cualquier manera perjudicial para la seguridad o la preservación del Estado— información sobre las Fuerzas de Defensa, sus operaciones o despliegues, las fortificaciones defensivas o el material de guerra. Constituye defensa que un ministro haya autorizado el acto o que lo hayas realizado en el ejercicio de tus funciones como titular de un cargo público. Dos límites de esta ficha: cubre solo esa ley y no cubre el vuelo de drones, regido por normas aeronáuticas aparte.

Original (EN): No Irish statute we have verified requires a permit for ordinary photography in public; the real criminal exposure is military and state-security subjects. Under the Official Secrets Act 1963 a sketch expressly includes a photograph or any other way of representing a place or thing, and section 9 makes it an offence to obtain, record, communicate, publish or hold — in any manner prejudicial to the safety or preservation of the State — information about the Defence Forces, their operations or dispositions, defence fortifications, or munitions of war. It is a defence that a Minister authorised the act, or that you did it in the course of your duties as the holder of a public office. Two limits on this entry: it covers that Act only, and it does not cover flying a drone, which is governed by separate aviation rules.

Official Secrets Act 1963, artículo 13: en condena por procedimiento sumario, la ley imprime una multa de cien libras, o prisión de hasta seis meses, o ambas; el texto refundido que hemos leído no reformula esa cifra en euros, por lo que no publicamos ninguna. En condena por acusación formal por un delito del artículo 9, o por un delito de la Parte II cometido de manera perjudicial para la seguridad o la preservación del Estado: prisión de hasta dos años, o trabajos forzados (penal servitude) de hasta siete años.

Verificado 13 oct 2026